En una reunión celebrada por integrantes de la «Asociación Hidalgo y Carrizo», ubicados en un campamento en la comunidad de San Bernardino, en el municipio de Texcoco, denunciaron que desde el pasado 26 de abril del año 2012 fecha en que fueron desalojados por el Gobierno Federal, representado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), no han recibido ningún apoyo ni mucho menos recurso alguno para resarcir el daño cometido respecto al patrimonio de al menos mil 98 familias que compraron legalmente una fracción de terreno.
Integrantes de esta asociación afirmaron, «ganamos un juicio federal a CONAGUA, y no hay respuesta después después de 3 años de lucha».
Los inconformes señalaron que un alto funcionario de la CONAGUA de nombre Óscar Pimentel, los ha atendido sin dar respuesta, mismo que les prometió un recurso etiquetado por el gobierno federal para apoyar a las familias desalojadas.
Los representantes de esta asociación, aseguraron que no pertenecen a ningún grupo, ni «mucho menos a Antorcha Campesina», y detallaron que ninguna familia desalojada vive en el rancho «El Pimiango» como lo asegura esa organización a la cual llamaron «delictiva».
Informaron que quienes compraron en «El Pimiango», el 70% corresponde a Mariano González, líder radicado en el municipio de Chimalhuacán y de quien se dijo, no pertenece a Antorcha. Agregaron que el 30% restante, pertenece a Antorcha quienes se adjudican la compra completa del predio engañando a la opinión pública.
De igual forma, sentenciaron al gobierno federal y estatal de marchar el próximo 16 de marzo para reclamar su reubicación, en donde han demostrado jurídicamente cada propiedad adquirida, «si es necesario haremos un plantón, vamos a recuperar el patrimonio de nuestras familias».
Durante la reunión expresaron, «hemos entregado propuestas y proyectos sin obtener respuestas, 15 proyectos de impacto ambiental, nos engañaron, han pasado 7 meses y no han cumplido, no somos invasores, tenemos la documentación necesaria para justificar nuestra estabilidad».
Hasta el momento, afirmaron que el gobierno federal «no tiene ninguna propuesta concreta para resolver esta situación», «exigimos nuestros derechos, no queremos dádivas».
Cabe aclarar que los contratos de compra-venta de estos predios, fueron celebrados con ejidatarios titulares del municipio de Chimalhuacán y territorialmente ubicados en el municipio de Texcoco.
Antac-Noticias 